Por Pedro Baracutao

Durante los años de la guerra recorrí los territorios mineros de los Consejos Comunitarios de Antioquia y Chocó, y siempre escuchando las necesidades de la gente y su exigencia de autonomía y respeto por los derechos conquistados. En el caso de las comunidades mineras, han exigido siempre el derecho a tener sus títulos mineros y a no ser perseguidos y criminalizados por el hecho de hacer pequeña y mediana minería, a veces artesanal, otras con maquinaria.

Vitalia Salas Panesso, mujer minera y líder del Consejo Comunitario Menor del Medio Atrato, cuenta que “a nosotros que somos luchadores, que a veces hasta prestamos, hacemos máquinas de alambre y aguantamos hambre por un tiempo para conseguir una máquina para poder sobrevivir, cuando nos queman una máquina básicamente nos mochan las manos, nos quitan la oportunidad de laborar y de llevar comida a nuestras casas”. Estos operativos de quema se hacen bajo el supuesto de que este tipo de minería alimenta a los grupos armados, desconociendo que estos grupos armados están allí por la ausencia de Estado y que las comunidades responden a quien tenga la hegemonía en el territorio.

En el Medio Atrato el pasado 17 de diciembre le quemaron tres máquinas a un propietario de minas, 15 días después de que realizamos la Audiencia Pública Minera en Quibdó, y nos comprometimos a buscarle una salida pacífica o un mecanismo de transición para evitar este tipo de operativos que reviven los traumas de la guerra en el territorio.

El legítimo derecho de las comunidades a la explotación minera

En la mencionada Audiencia se planteó la necesidad de una especie de transición, tregua y amnistía para ir aplicando métodos de explotación más amables con el medio ambiente, acordes con el programa de gobierno y su vocación ambiental. Se necesita formalización y legalidad minera progresiva, escalada y multinivel, para que no sean las multinacionales las únicas beneficiadas.

Es un absurdo querer titular sin gradualidad, eso genera violencia. No puede supeditarse la gestión minera a la titularidad formal, sin un enfoque de derechos etnoculturales. En el andén pacífico se padece una reglamentación rígida que no se compadece de las dinámicas territoriales de las comunidades negras y campesinas que habitan este territorio.

Para estos pueblos étnicos someterse al código de minas los pone en un escollo, pero aún así han querido legalizarse, solicitando Áreas de Reserva Especial que deriven en un título minero. El proceso se atranca con la zona de reserva forestal -Ley Segunda- y por esto no se habilitan las licencias que además exigen un Plan de Trabajos y Obras (PTO), Licencia ambiental y Plan de Manejo Ambiental. Ese callejón entre cuidar la reserva forestal y explotar las minas deja a las comunidades negras, campesinas e indígenas en un laberinto jurídico que mientras se logra resolver les genera condiciones de hambre y miseria. El tema de la transición es que se puede ser ambientalista sin morirse de hambre en medio de la selva y la riqueza.

Y mientras tanto las fuerzas armadas en su mandato piden el título y si no lo tienen queman. No concilian, pasan por encima de la gente. Alientan más el conflicto. Después de la salida de las FARC-EP involucionó la regulación minera que se hacía de hecho en estos territorios. Se necesita ser realista y reconocer que las áreas de reserva forestal están huérfanas (uso ilícito, deforestación, minería, movilización de fauna silvestre, expansión de la frontera agrícola, grupos armados).

Finalmente, frente al tema ambiental, los Consejos Comunitarios proponen un monitoreo compartido entre institucionalidad y comunidad. Y también un capítulo minero en concordancia con Ley 70 para que sea posible esa evaluación ambiental comunitaria en vez de la evaluación tradicional de impacto ambiental realizada por expertos, y que se hace por fases que no se corresponden con las dinámicas y las realidades territoriales.

Todo esto parte de reconocer que existe una minería de hecho y que en estos territorios étnicos donde la economía minera es el eje hay que aplicar un enfoque diferencial que permita superar los laberintos jurídicos, generar un solo instrumento y que los pequeños y medianos mineros no se vean atrapados en una cantidad de trámites que no podrán cumplir. Nuestra curul y función en la Comisión Minera está al servicio de que estas comunidades puedan obtener sus títulos mineros y vivir en paz en sus territorios, armonizando su práctica de explotación ancestral con el cuidado del medio ambiente que también saben y pueden hacer.